en atención a la dependencia en Navarra ha disminuido en un año en un
9%, al pasar de 153 millones en 2011 a 138 millones en 2012, según la
Cámara de Comptos que constata que no se cumple el plazo de seis meses
establecido para recibir la prestación. Estos datos fueron facilitados por el presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, en una comparecencia parlamentaria, solicitada por PSN e I-E,
en la que detalló el informe que el órgano fiscalizador ha realizado
sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Navarra entre los años
2010 y 2012. Según los datos que facilitó, el Gobierno de Navarra es el principal
financiador de la atención a la dependencia y como mínimo aporta un 70%
del total, seguido de los usuarios con un 21% y el Estado con un 9%.
Desde enero de 2008 hasta diciembre de 2012 se han presentado 33.980
solicitudes para su valoración de dependencia y en ese periodo ha habido
38.068 resoluciones, con una valoración de dependencia y 2.330 han sido
archivadas, denegadas o con un recurso interpuesto que ha sido
estimado. Robleda ha precisado que el número de resoluciones excede al de
solicitudes debido a que un número importante se realizan de oficio por
la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP). De las resoluciones con valoración de dependencia, el 14% acaban
calificadas como no dependientes, el 34% como dependientes moderados, el
29% como severos y el 23% como grandes dependientes.
En abril de 2013 existían 984 expedientes pendientes de valoración. A 31 de diciembre de 2012, 8.862 personas recibían prestaciones
garantizadas por aplicación de la dependencia para un total de 10.401
prestaciones o servicios, ya que algunas personas pueden contabilizar
varias prestaciones o servicios. El plazo medio para recibir esas prestaciones era de 9,8 meses, por lo
que se supera el plazo de seis meses previsto por la ley, según Robleda,
quien citó entre los factores que influyen en ese dato el hecho de que
«ha habido que resolver más expedientes con mismo personal y en menor
tiempo» (antes el plazo era de once meses). En esa fecha un total de 868 personas que cuentan con valoración de
dependencia estaban pendientes de recibir el servicio o ayuda. El informe, según Robleda, refleja que existe una menor asignación de
recursos mientras que crece la necesidad de atender a un sector de la
población. En él se recogen además recomendaciones como la de dotarse de un sistema
de contabilidad analítica adecuado que soporte la cifra de coste por
dependiente en sus centros, en razón de la intensidad del servicio y que
permita su comparabilidad. Asimismo considera preciso ampliar la memoria de la ANAP de forma que permita ayudas en la toma de decisiones y planificación estratégica de la atención a la dependencia. En este sentido Robleda comentó que la falta de esas memorias y de una
información a través de las herramienta de costes dificultaron el
trabajo así como la estructura del departamento por su necesidad de
adaptación al marco de la Ley de Dependencia. Precisó que con el seguimiento del informe que se realizó en 2011 se ha
mejorado «sustancialmente», aunque, en su opinión, es preciso seguir
avanzando en ese sentido.
La portavoz del PSN, María Victoria Arraiza, remarcó la
necesidad de establecer mecanismos de control y ha apuntado que algunas
de las recomendaciones siguen vigentes, por lo que seguirán insistiendo
en su cumplimiento.
Txema Mauleón (I-E) incidió en la necesidad de que este
trabajo se actualice, teniendo en cuenta, ha apuntado, que «el próximo
año puede haber 7 millones menos para la dependencia».
El portavoz de UPN, José Antonio Rapún, vio aspectos
positivos en el informe como la mejora de los procedimientos de gestión y
de los plazos, ya que según ha dicho actualmente la media es de 7,6
meses en Navarra y en el Estado de dos años y medio.
Por Bildu, Bikendi Barea, tras aludir a «la voluntad
del Ejecutivo de concertar con terceros», afirmó que no creen que se
esté dando una respuesta a la crisis, «la crisis no fue la causa fue la
excusa», en el fondo ven una apuesta por un modelo determinado.
La portavoz de Aralar-NaBai, Asun Fernández de Garaialde,
aunque reconoció que ha habido una «leve mejora», remarcó su
preocupación porque hay una «mayor desprotección social y una menor
cobertura de la dependencia».
Amaya Zarranz (PPN), quien reconoció que ha habido
recortes, ha resaltado el incremento en los Presupuestos del Estado en
la partida destinada a la atención a la Dependencia. A continuación el
parlamentario no adscrito de Geroa Bai Patxi Leuza ha opinado que muchas
garantías que tenía la ley «ya no las tiene».
